Tabasco, pionero en conceder el voto femenino, desde 1925

Un 17 de octubre, pero del año 1953, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos se reformó, para otorgar a la mujer el derecho a ejercer el voto en la elección de sus gobernantes; prerrogativas que hasta entonces estuvo reservado sólo para los hombres.

Ese derecho al voto las mujeres se hicieron efectivo hasta 1955, en las elecciones intermedias federales, cuando se renovó a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; mientras que para elegir al Presidente hubo de esperar hasta 1958, cuando la mayoría de los sufragios favorecieron a Adolfo López Mateos.

Ese voto otorgado hace ya 57 años se replicó hacia los 31 estados que integran el Pacto Federal de los Estados Unidos Mexicano en sus procesos locales.

Sin embargo, Tabasco fue pionero en permitir, en abril de 1925, que las mujeres participaran en política, en la elección de sus gobernantes, prerrogativa que se le concedió cuando Tomás Garrido Canabal fungió en su primer período como gobernador.

El Sagitario Rojo, como se le bautizó a Garrido Canabal, expidió un decreto concediéndole el voto a la mujer en el año de 1925, con el argumento de que debía tener participación en la generación de ideas, motivo por el cual también propició la creación del Partido Feminista Revolucionario.

México era uno antes de 1953 y es otro después de ese año, cuando se reconoció oficialmente el derecho de las mujeres a elegir a sus gobernantes y a ser electas, pero ese reconocimiento no fue un obsequio ni una concesión, sino el resultado de movimientos universales y locales a favor de la equidad de género.

El sufragio femenino significa también el reconocimiento a la igualdad en la participación política, el que cada mujer pueda decidir sobre su vida, y además acepta la posibilidad de la elección de mujeres para estar en cargos de representación pública, derecho ejercido anteriormente sólo por hombres.

A la vuelta de más de medio siglo, las mujeres pasaron del derecho de votar a ser votadas para los cargos de elección popular. Primero hicieron presencia como legisladoras, luego como presidentas municipales hasta alcanzar los cargos de gobernadora.

Beatriz Paredes Rangel, por Tlaxcala; Dulce María Sauri Riancho, por Yucatán; Rosario Robles, por el Distrito Federal; Amalia García, por Zacatecas; y la más reciente aún en funciones, Ivonne Ortega Pacheco, también por Yucatán, son algunas de las mujeres que se desempeñaron como cabeza principal de la administración pública de sus estados de origen, bien por voto directo o como sustitutas.

A nivel de la Presidencia de la República ha habido candidatas como en 1988 Rosario Ibarra, por el desaparecido Partido Revolucionario de los Trabajadores; Cecilia Soto, por el Partido del Trabajo; Marcela Lombardo, por el extinto Partido Popular Socialista, ambas en 1994; hasta 2006 con Patricia Mercado, por el Partido Social Demócrata, son algunos eferentes, sin que hasta ahora alguna halla logrado obtener siquiera los votos suficientes para llegar a ocupar el cargo de Ejecutivo Federal.

En Tabasco, en analogía sólo han ocupado cargos como legisladoras en el congreso del estado y como presidentas municipales; caso concreto de Gladys Cano Conde, alcaldesa por Teapa, durante el período 12986-1988; y Georgina Trujillo Zentella, por el municipio de Centro, de 1998 a 2000, son algunas de que se tenga memoria en la contemporaneidad.

Sin embargo, el empoderamiento femenino en México y Tabasco no ha sido gratuito, partiendo del hecho de que por muchos años estuvieron relegadas para representare a sus partidos en campañas políticas, por un cargo de elección popular.

Hasta que el Código Federal de Instituciones y Participación Electoral y las leyes de los estados fueron reformados para que en 2003 se estableciera como obligación concederles por lo menos el 30 por ciento de las posiciones electivas.

A partir de 2009 la paridad se reformó para concederles a las féminas un 40 por ciento de las candidaturas en partidos políticos, con tendencia a procurar una paridad equitativa del 50 por ciento con relación a los hombres.

Desde décadas atrás, las mujeres representan un mayor número que los hombres, a nivel de densidad poblacional, reflejado en los Censos de Población y vivienda que cada 10 años realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El Padrón de votantes del Registro Federal de Electores, del Instituto Federal Electoral, la tendencia registra un ligero porcentaje mayor de mujeres que hombres, a nivel país como en las entidades federativas; Tabasco no es la excepción.

En México hay empadronadas, a octubre de este 2010, 80 millones 773 mil 362 personas, de las cuales 41 millones 790 mil 446, el 51.74 por ciento, son mujeres; y 38 millones 982 mil 916, el 48.26 por ciento son hombres.

Antecedente por la lucha del voto femenino

ooo La lucha femenina por ejercer sus derechos de votación y decisión empezó en el mundo hace varios siglos, pero en México sus primeras manifestaciones importantes se dan durante los años 1884 y 1887, cuando por primera vez una publicación, la revista femenina Violetas del Anáhuac, fundada y dirigida por Laureana Wright González y escrita solamente por mujeres, demandó el sufragio femenino.

Hacia 1910, diversas asociaciones se unen a Madero, entre ellas el club femenil antireeleccionista "Las Hijas de Cuauhtémoc". Poco tiempo después, las integrantes del club protestan por el fraude en las elecciones y demandan la participación política de las mujeres mexicanas.

Posteriormente, en 1916, se realizó el primer Congreso Feminista, específicamente el 13 de enero. Este fue impulsado por el general Salvador Alvarado como Gobernador de Yucatán y varias organizadoras. Uno de los principales acuerdos a los que se llegó en este Primer Congreso feminista fue demandar que se otorgara el voto ciudadano a las mujeres, aunque en realidad la demanda no hizo mucho eco.

Luego de la promulgación de la Constitución Política de 1917, donde no se negaba la ciudadanía a las mujeres, ni mucho menos su oportunidad de votar, tampoco se otorgó expresamente ese derecho.

En abril del mismo año, se expidió la Ley de Relaciones Familiares, según la cual los hombres y las mujeres tienen derecho a considerarse iguales en el seno del hogar.

Del 20 al 30 de mayo de 1923, la Sección Mexicana de la Liga Panamericana de Mujeres convocó al Primer Congreso Nacional Feminista, que se reunió en la Ciudad de México, con la asistencia de 100 delegadas. Sus principales demandas en lo político fueron la igualdad civil para que la mujer pudiera ser elegible en los cargos administrativos y el decreto de la igualdad política y la representación parlamentaria por parte de agrupaciones sociales.

Como consecuencia del Congreso Nacional Feminista, el 13 de julio de ese mismo año, el gobernador de San Luis Potosí, Aurelio Manrique, expidió un decreto en el que se concedía a las mujeres potosinas el derecho a votar y a ser elegidas en elecciones municipales.

En Yucatán, Elvia Carrillo Puerto resultó la primera mexicana electa diputada al Congreso Local por el V Distrito, el 18 de noviembre de 1923. Sin embargo, después de desempeñar su cargo por dos años renunció, debido a las amenazas de muerte que recibió. Más tarde cambió su residencia a San Luis Potosí, y fue electa al obtener la mayoría de votos, pero el Colegio Electoral no reconoció su triunfo.

Hacia 1935 por primera vez las mujeres participaron en las votaciones internas del Partido Nacional Revolucionario (PNR), creado seis años antes y entre 1935 y 1936, mujeres del partido oficial conforman el Frente Único Pro Derechos de la Mujer (FUPDN), junto con y militantes o cercanas al Partido Comunista. Ellas encaminaron sus demandas de clase y reivindicaciones de género.

Posteriormente, el frente profundizó en ciertas áreas del trabajo popular como la creación del Departamento Autónomo de la Mujer en la Confederación Campesina Mexicana (CCM); luchó por el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo y la sindicalización de las obreras y empleadas gubernamentales, así como por la instalación de salas de asistencia infantil anexas a los mercados.

La lucha que implicaba profundizar y afinar las alianzas con sectores y grupos dominantes en el ámbito nacional repercutió en detrimento de la organización amplia del movimiento de mujeres, sin embargo lo anterior se compensó con la actividad febril que desencadenó la demanda del voto.

En 1937 el presidente Lázaro Cárdenas envió a la Cámara de Senadores la iniciativa para reformar el Artículo 34 constitucional, como primer paso para que las mujeres obtuvieran la ciudadanía. En 1938 la Reforma se aprobó y ese mismo año lo fue en la mayoría de los Estados.

El 24 de diciembre de 1946, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa enviada por el presidente Miguel Alemán, en la que se adicionó el Artículo 115 Constitucional, que entró en vigor el 12 de febrero del siguiente año. En ella se establecía que en las elecciones municipales participarían las mujeres en igualdad de condiciones que los varones, con el derecho a votar y ser elegidas.

Siendo candidato a la presidencia de la República, en 1952 Adolfo Ruiz Cortines prometió, ante 20 mil mujeres asistentes a un mitin de campaña, la ciudadanía sin restricciones para las mujeres.

El 17 de octubre de 1953 se publicó en el Diario Oficial el nuevo texto del Artículo 34 Constitucional: "son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años, siendo casados, o 21 si no lo son, y tener un modo honesto de vivir".

Indirectamente, en 1953 se reconoce el derecho al sufragio femenino gracias a la organización y participación de las mujeres en los foros feministas demandando derechos ciudadanos, sólo que ese avance no se materializó sino hasta por lo menos dos décadas después, debido a que en la mayoría de los casos seguían siendo los hombres quienes decidían lo que sus esposas, hijas o hermanas debían hacer.