El diputado Víctor Caballero Durán habló a favor del dictamen, y explicó que en base a un estudio responsable de la iniciativa presentada por agrupaciones ciudadanas, en la que solicitaban establecer una pensión universal equivalente a un salario mínimo mensual vigente en el Estado, se consideró presupuestalmente inviable.
"Resultado del análisis, coincidimos que en realidad el problema de este sector de la población es el abandono en el que se encuentran, por lo que por medio de una minuta acordamos que la pensión tendría que estar dirigida a las personas en mayor vulnerabilidad y sin ningún tipo de ayuda institucional", apuntó.
Agregó que desde un principio se estableció que sería presupuestalmente imposible brindar una pensión a los casi 200 mil ciudadanos en edad senescente que hay en el Estado, por lo que se decidió que dicha ayuda se brindará a las personas mayores de 70 años.
"Tomando como ejemplo el programa federal de 70 y más, se decidió que la pensión se otorgue a partir de esa edad, lo que limita a 90 mil el número de personas, y de entre ellos también habría que descartar a los que reciben pensión, ingreso o son beneficiados con algún programa, haciendo entonces altamente viable, en cuestiones presupuestales, el brindar dicho apoyo", dijo.
Aseguró que de esta manera se cumple con el compromiso de crear lo que la ciudadanía solicitó y de una manera responsable, sin afectar las finanzas públicas.
Se estableció un plazo de máximo 120 días para que el Ejecutivo instrumente las acciones aprobadas.
"Estamos dando un paso muy importante de justicia social para atender a esas personas que a lo largo de su vida han aportado muchísimas cosas a favor de Yucatán, por eso de forma inteligente racional pensemos que esto va a ser un paso responsable", concluyó.
Por otra parte, al hablar a favor del dictamen relativo a reformas y adiciones a la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, aprobado por unanimidad, la legisladora Martha Góngora Sánchez, presidenta de la comisión permanente de Vigilancia de la Cuenta Pública y Transparencia, aseguró que dichas reformas permitirán que los ciudadanos hagan uso del derecho de acceso a la información pública bajo un esquema de mejores condiciones y procedimientos expeditos.
"Votamos consensando nuestras voluntades, pensando en los Yucatecos, pensando en mejores instrumentos legales que permitan a los gobernados exigir cuentas a sus gobernantes; votamos pensando en tener una Ley de Acceso a la Información Pública que vista desde un aspecto colectivo e individual, privilegie el interés público, sin que ello signifique, dejar a un lado los intereses de todos aquellos ciudadanos que puedan ser sujetos de alguna intromisión a su esfera íntima", apuntó.
Agregó que para legislar de manera eficaz se previó medios de coercibilidad para que el Instituto encargado de la regulación del Derecho de Acceso a la Información Pública, pueda exigir a los sujetos obligados cumplan con todas aquellas solicitudes ciudadanas que tengan como fin allegarse de información pública.
El dictamen, dijo, es un producto legislativo que se realizó tomando en cuenta la opinión de organizaciones civiles, del instituto rector en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Estado, y de los distintos proyectos de iniciativas de reforma en esta materia que se turnaron al seno de la comisión; proyectos que emanaron de las fracciones parlamentarias representadas en el Legislativo.
Cabe señalar que los sujetos obligados y que no acaten lo resuelto por el Instituto, podrán ser sancionados de manera administrativa, e incluso, la suspensión de aquel titular que no cumpla con sus obligaciones en materia de transparencia.
Otros asuntos aprobados durante la sesión por unanimidad son: el reglamento interior del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado, reformas a las Leyes de Gobierno de los Municipios y Salud, con las que se pretende agilizar la tramitación de documentos al permitir que sea la autoridad administrativa municipal correspondiente la que emita directamente la autorización del uso del suelo únicamente para los restaurantes de lujo, sin que tenga que mediar el permiso de dicha autorización por parte del Cabildo.
Además, se aprobaron reformas a las Leyes de Hacienda de los municipios de Chocholá, Motul y Muna; así como las leyes de ingresos de los municipios de Buctzotz, Chumayel, Espita, Halachó, Hoctún, Huhí, Hunucmá, Ixil, Izamal, Kanasín, Kaua, Kopomá, Mama, Maní, Maxcanú, Motul, Muna, Muxupip, Oxkutzcab, Peto, Progreso, Río Lagartos, Sacalum, Santa Elena.
Asimismo, Seyé, Sinanché, Sucilá, Sudzal, Tahmek, Tecoh, Tekal de Venegas, Tekax, Tekit, Temax, Temozón, Tepakán, Tetiz, Ticul, Timucuy, Tinum, Tixkokob, Tixmehuac, Tixpéual, Tizimín, Tunkás, Ucú, Umán, Valladolid, Xocchel, Yaxcabá, Yaxkukul y Yobaín.
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