Una de nuestras obligaciones
primordiales que tenemos como legisladores, es el de fiscalizar la correcta
aplicación de los recursos públicos, así como, el destino y uso de los mismos,
ya que los gobiernos e instituciones públicas están obligados a rendir cuentas
a sus gobernantes, de qué hacen y cómo lo hacen, en que gastan y como gastan
los recursos del erario público.
En lo que respecta al proceso de rendición de cuentas, solo
cuando ésta sea completa, se cumpla con los estándares mínimos, cuando se
aplique en el más estricto sentido y respeto, y cuando la gente tenga a la mano
la información completa, solo así y no de otra forma es que llegaremos al escenario
final: la transparencia.
No cabe duda que la transparencia ataca la discrecionalidad
y la corrupción. La rendición de cuentas es una herramienta útil para castigar
gobernantes ineficaces o deshonestos y premiar a quienes atienden los intereses
de sus electores dentro del mismo marco de la ley.
En resumen: la transparencia, la rendición de cuentas y -en
medio de ellas- el acceso a la información pública, forman el sustento de
una buena relación en la que los ciudadanos son exigentes y los gobiernos son
vigilados.
Sigo sosteniendo que los gobiernos deben colocar este tema
como prioridad indiscutible.
Cuando se habla de transparencia, no significa solamente
exponer cifras, datos, referencias y cuadros, sino que la misma apunta
principalmente a la información precisa y clara para la toma de decisiones y
posterior rendición de cuentas.
El día de hoy, me voy a referir a un tema que tiene que ver
con la rendición de cuentas del Gobierno Estatal.
Entremos en materia: En la revisión de la aportación
correspondiente del Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE)
2008 por $98,722.1 miles de pesos realizada por el Gobierno del Estado de
Yucatán, no se proporcionó en su momento, evidencia por ningún medio de
difusión que el estado hizo del conocimiento a sus habitantes el monto recibido
del fondo, las obras y acciones por realizar, su costo, ubicación, metas y
beneficiarios, mismo que debió gastarse en obra social como: pavimentación,
vivienda, alumbrado público, agua potable, electrificación e infraestructura
escolar, incumpliendo con esto a lo señalado en los artículos 33, fracción I,
de la Ley de Coordinación Fiscal
He revisado el informe de la Auditoria Superior de la
Federación, de la cuenta pública 2008, y tan solo en el caso de fortalecimiento
a la infraestructura social municipal, se dejaron de gastar casi 25 millones de
pesos para combatir el rezago social y la pobreza.
Del resultado de la Auditoria Superior de la Federación de
la Cuenta Pública 2008 en el ramo social, se demuestra claramente que el
Gobierno del Estado gasta el recurso de la gente que más necesita en cosas que
no son prioritarias.
Toda vez, que en el rubro correspondiente a comunicación
social, que a pesar de la crisis económica y a la presunta caída de los
ingresos oficiales, el Gobierno del Estado gasto en 2009, $160.4 millones en ese
rubro.
El presupuesto de Comunicación Social en 2008 ascendió a
$133.3 millones, de modo que en 24 meses de gestión -de enero de 2008 a
diciembre de 2009- la actual administración erogó $293.7 millones por este
concepto, un promedio mensual de 12,2 millones, que a su vez fue más que el
presupuesto anual del Instituto Estatal de Acceso a la Información Publica (que
fue de $11.7 millones de pesos).
Es así, que por ello desde esta tribuna hago un urgente
llamado al Ejecutivo Estatal, a fin de que el destino de los recursos programados
del Fondo para la Infraestructura Social del Estado (FISE), sean aprovechados y
aplicados al máximo.
Ya que dentro del informe, antes mencionado, se señala como
consecuencias sociales, el que no se destina parte del FISE en obras de alcance
regional o intermunicipal además que la población beneficiada con los programas
realizados con estos recursos, únicamente un 64.3% esta en condiciones de rezago
social y pobreza extrema; en ese mismo tenor se asienta en el documento, que al
31 de diciembre de 2008, aun no se habían aplicado recursos que representan el
13.5% del fondo; lo anterior, fundamentalmente, porque en el proceso de
planeación, programación y presupuestación de los recursos, no se identificó a
la población objetivo del FISE.
Así mismo, la Auditoria Superior de la Federación considera
que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, el Gobierno
del Estado de Yucatán no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a
registros contables, planeación, participación social, destino de los recursos,
impacto ecológico de las obras y el cumplimiento de metas y objetivos como se
precisa en los resultados que se presentan en dicho informe.
En ese sentido Honorable Asamblea:
En base a lo anteriormente expuesto, es que me permito proponer
a este pleno, hacer un atento y respetuoso exhorto al Ejecutivo del Estado para
que a través de las Secretarias correspondientes, lleven a cabo un correcto
proceso de planeación, programación y presupuestación de los recursos, así
como, se identifique de manera clara a la población objetivo del FISE. Con el
objeto de que estos recursos sean aprovechados de la mejor manera y en
beneficio de dicha población.
Exhortamos al Ejecutivo del Estado, en el sentido también, para
que a través de la Contraloría General del Estado, informe a esta soberania
sobre el inicio del procedimiento de responsabilidades administrativas
sancionatorias por presuntas faltas administrativas de los servidores públicos responsables del proceso,
así como, de las sanciones aplicadas a los mismos, derivado del resultado de la
Fiscalización Superior de la Cuenta Publica 2008.
Por tanto, con base en lo anteriormente expuesto, con
fundamento en los artículos 43 fracción IV, 97, 109 fracciones V, de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos
permitimos someter a la consideración del pleno de esta soberanía el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- Se exhorta al Ejecutivo del Estado para que a través de las
Secretarias correspondientes, lleven a cabo un correcto proceso de planeación,
programación y presupuestación de los recursos, así como, se identifique de
manera clara a la población objetivo del Fondo para la Infraestructura Social
del Estado. A fin de que estos recursos sean aprovechados de la mejor manera,
en beneficio de dicho sector de la población Yucateca.
SEGUNDO.- Se exhorta al Ejecutivo del Estado, para que a
través de la Contraloría General del Estado, informe a esta soberanía sobre el inicio
del procedimiento de responsabilidades administrativas sancionatorias por presuntas
faltas administrativas de los
servidores públicos responsables del proceso, así como, de las sanciones
aplicadas a los mismos, derivado del resultado de la Fiscalización Superior de
la Cuenta Publica 2008.
T R A N S I T O R I O S:
ARTÍCULO PRIMERO.- Publíquese
el presente Acuerdo en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Gírese el presente
acuerdo a las instancias correspondientes.
Dado en la Sala de Sesiones de la Quincuagésima Octava Legislatura del
Estado, a los 09 días del mes de Marzo
del año dos mil diez.
Asimismo
con fundamento en el artículo 110 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo por tratarse de un caso de obvia resolución
solicito se dispense los trámites de
rigor para el mismo y se someta a consideración en este momento.
DIPUTADA MARÍA CECILIA
PAVÍA GONZÁLEZ
PRESIDENTA DE LA COMISION ESPECIAL PERMANENTE DE TRANSPARENCIA DEL PODER
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE YUCATAN
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