Recientemente, a través de diversos medios de
información, Orlando Pérez Moguel, representante del Partido de Acción Nacional
ante el Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana del
estado de Yucatán, denunció que en el seno de ese organismo se realizó la
asignación ilegal de al menos veintitrés plazas en diversas áreas de la
referida entidad. Lo preocupante del asunto es que la violación a la
normatividad fue cometida por personajes teóricamente encargados de velar por
el respeto a la legalidad y a los intereses de la ciudadanía por ellos
representada como son los consejeros y peor aún, por su presidente. En el embrollo
amén de estas figuras, anda danzando para no variar, el secretario ejecutivo,
ajonjolí de todos los moles y que no podía faltar en un asunto que implica
beneficiar descaradamente a su principal promotor y jefe político.
De suyo la transgresión a la legalidad y a los
principios rectores de la institución son delicados, pero peor aún resulta que
con esta ilegal entrega de plazas a un determinado número de allegados y
parientes entre los que se encuentra un hermano del recientemente incorporado
consejero José Antonio Martínez Magaña, que de esta forma demuestra claramente
de qué lado palpita y se alinea su corazón, se pueden elucubrar las peores
conjeturas de lo que ocurrirá y del tipo de comportamiento que puede esperarse
de las diferentes instancias del IPEPAC, cuando de integrarse la estructura
electoral a utilizarse en los próximos comicios para elegir gobernador se
trate. Sin duda alguna la conducta que se adoptara será completamente parcial y
facciosa a no dudar.
Es menester subrayar que las plazas vacantes en
el multicitado organismo electoral, de conformidad a los lineamientos
prescritos por el servicio profesional de carrera, deben ser públicamente
sometidas a concurso, para que todo profesionista que se crea con merecimientos
para aspirar a integrarse a las tareas institucionales pueda con justicia
competir por un lugar, pero en vez de ello, se determinó proceder al pago de
cuotas políticas contraídas con uno de los más sórdidos protagonistas del
acontecer político local e indudable aspirante a la gubernatura: Rolando Zapata
Bello.
Alevoso, marrullero, acostumbrado a no competir
si no lo hace con ventaja y valiéndose de la presencia en el seno de la
desprestigiada entidad de sus más destacados mozos de estoques como son Ariel
Aldecua y Alejandro Góngora, Zapata Bello ha aprovechado la cobardía, la
sumisión y pusilanimidad de Fernando Bolio Vales, presidente del IPEPAC, para
tratar de llevar agua a su molino y maniobrar de modo favorable a sus
intereses, ya sea que le toque contender como abanderado de su partido o para
conseguir hacerse indispensable con éste, a través de filtrar información
mediante sus personeros, si acaso el panorama se presenta desfavorable y
medroso y acomodaticio como es, se inhibe de competir y decide allanarse a la
comodidad de una senaduría que le represente seguir uncido a la ubre
presupuestal y proteger la continuidad de su proyecto político personal no
sufriendo un revés de proporciones clamorosas, como los que experimenta siempre
que se involucra en tales circunstancias, pues es público y notorio que es
incapaz de ganar una elección hasta para rey feo del carnaval, a menos que
recurra a utilizar dados cargados.
Resulta fundamental para la buena marcha de los
comicios próximos a verificarse que se encuentren exentos de toda sombra de
duda. Es vital una integración de las estructuras electorales sin mácula
alguna, es preciso en esta virtud, que el instituto electoral de marcha atrás
en la ilegalidad cometida, sancione y destituya a los inmiscuidos y haga
prevalecer a toda costa los principios de certeza e imparcialidad
consustanciales a su actividad.
Es indispensable sanear el ambiente que priva en
el organismo y semejante actividad solo puede materializarse con la renuncia de
Fernando Bolio y de Ariel Aldecua y el relevo de Alejandro Góngora. Lo
anterior, sin perjuicio de las consecuencias legales a que haya lugar. Es
medular que Rolando Zapata Bello saque las manos de una institución que a
ejemplo de lo realizado con el gobierno estatal, infectó e invadió hace
dieciséis años, planeando valerse de ella para cumplimentar sus objetivos de
poder.
La ciudadanía no puede echar el presente
señalamiento en saco roto, o deberá competir en cancha ajena, con público
hostil y árbitros a modo y con semejantes circunstancias, el resultado es de
pronóstico reservado. Ni en el deporte ni en la vida se vale mano negra.