El descrédito de la Instituciones frente a la sociedad, consciente y responsable, culminó el día 4 de agosto, cuando la Cámara de diputados aprobó, lo que Javier Cicilia llamó una Legislación de Guerra, cuando en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, el PT propuso rechazar la reforma a la Ley de Seguridad Nacional enviada desde el Senado.
Sin embargo el PRI y el PAN se opusieron tajantemente y optaron por aprobar en lo general el dictamen a favor de una peligrosa ley que acabaría de militarizar al país por decreto y constituiría nuevamente la extinta Secretaría de Guerra.
El antecedente histórico de la actual Secretaría de la Defensa Nacional es la denominada Secretaría de Guerra y Marina, que modifica su nombre en 1937. En la Constitución Política se establece claramente que en tiempos de paz el Ejército debe permanecer en sus cuarteles, no obstante desde que inició el sexenio de Felipe Calderón las Fuerzas Armadas han incrementado su presupuesto de manera exorbitante, obviamente con el respaldo del PRI.
Este hecho ha permitido a Calderón ordenar a los militares hacer labores de policía, cuando su entrenamiento es para hacer la guerra y no para patrullar las calles ni tampoco para investigar delitos. Esta es la causa del derramamiento de sangre en nuestro país, el aumento presupuestal a las Fuerzas Armadas es directamente proporcional a las 50 mil muertes violentas, e inversamente proporcional a la paz. En vez de utilizar al Ejército en lo que no le corresponde, lo que debemos hacer es impulsar que las autoridades civiles investiguen los flujos financieros del crimen.
El pasado jueves 28 de julio tuvo lugar el encuentro entre miembros del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y legisladores de la Comisión Permanente del Congreso federal.
La realidad es que, más allá de las palabras y los gestos, las acciones concretas hablan por sí mismas. Así, tal y como se mencionó en el encuentro, es incorrecto juzgar a todos los legisladores por igual. Quienes estan en el Movimiento de Regeneración Nacional, han denunciado sistemáticamente los abusos cometidos por la Marina, el Ejército y la policía en esta absurda guerra, han exigido castigo para los responsables en todos los foros y trincheras en que han participado y han votado en contra del aumento al presupuesto para las Fuerzas Armadas.
Los representantes del movimiento y miles de mexicanos más que no pudieron estar presentes reclaman justicia y dignidad. Nosotros nos sumamos a ese llamado. Estamos convencidos de que para lograrlo es necesario exigir justicia y dignidad en las investigaciones judiciales y en el desempeño del Ministerio Público, en la actuación de las policías y las Fuerzas Armadas, en el sistema penal y en la actuación de los jueces y magistrados, en las elecciones y en una reforma política auténtica, y en el desarrollo económico para todos y todas.
Lo anterior implica asumir que es un grave error combatir el problema de la inseguridad exclusivamente a través del uso de la fuerza. Además, deben rechazarse medidas que cancelen abiertamente la libertad y el desarrollo de la gente, como las reformas a la Ley de Seguridad Nacional impulsadas por el PRIAN, que pretenden instaurar un Estado militar, policiaco y represivo.
En Ciudad de México ayer el poeta Javier Siciliaanunció una movilización para el domingo 14 de agosto, al afirmar que el Congreso faltó a su promesa en el Diálogo por la Paz, tras aprobar 'al vapor' la minuta de la Ley de Seguridad. Además, acusó que los legisladores faltaron a su promesa y cometieron una traición, acto que considera como 'una señal de desprecio' hacia el movimiento que encabeza.
El Movimiento por la Paz, Justicia y dignidad se presentó en la Cámara de Diputados y comunicó se suspendían temporalmente las mesas, tanto con el presidente Felipe Calderón así como con los legisladores. "No se puede dialogar con hombres y mujeres que no hablan con la verdad", dijo mientras leía su pronunciamiento acompañado de alrededor de 20 personas que sostenían letreros con la palabra 'traidores'. Afirmó que la Ley de Seguridad privilegia que continúe el régimen militar, por lo que puntualizó que el diálogo se reanudará hasta que 'haya signos claros'.
Semejante situación se vive en todo el país respecto a un régimen que por su misma voracidad política y descédito, ha perdido el respeto de la la participación ciudadana. En Yucatán, el Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana (IPEPAC) ha retardado casi un mes el envío al Congreso su dictámen sobre nuestra Iniciativa de adición a la Ley de Protección Social a los Adultos Mayores, aprobado por ese Consejo el 12 de julio con el reqjuisito cumplido de más de 4,500 solicitudes identificadas en Registro Nacional de Electores.. Nuestra Iniciativa Popular refiere elevar a nivel constitucional estatal una Pensión Universal para todos los Adultos Mayores del Estado de Yucatán. El 1 de agosto nos reunidos representantes de las organizaciones que promovemos dicha Iniciativa aprobada, y los Abogados Fernando Bolio y Cesar Góngora, presidente y secretario rspectivamente, ambos se comprometieron ese día, a enviar dicho Dictamen al Congreso, para avanzar en esta materia de la seguridad social.
No fue así. El 4 de agosto que nos apersonamos, acompañados por la representante común de las agrupaciones Rosa María Canul Ricalde y una 200 personas solicitantes de la pensión, en el Congreso no se había recibido nada al respecto del IPEPAC. El Lic Ismael Magaña Mata, del Instituto de Investigaciones Legislativas (según se publicó) dijo que el documento tenía que publicarse en el Diario Oficial del Gobierno del Estado antes de entrar al Congreso. Y este es el gran drama de nuestro país, que las autoridades a quienes el pueblo, cada vez más empobrecido, les da su poder para que los represente en sus intereses y les sirva, no tienen la voluntad política de servir, como es el caso, a los más de 200 mil yucatecos mayores de 60 años y gente con capacidades diferentes, que demandamos esta prerrogativa constitucional en el Estado, para una vejez con justicia y dignidad.
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