En
el ámbito legal, el "fuero común" es el término utilizado para referirse a la
competencia local o estatal que tienen las autoridades judiciales para conocer
de determinados asuntos, delitos o controversias.
La
incidencia delictiva consiste en la cifra reportada o registrada de delitos
cometidos en una porción de territorio, espacio y tiempo, es decir, los delitos
o infracciones que fueron denunciados ante la autoridad correspondiente.
En
Yucatán, ámbito de este análisis, durante el año 2008 fueron registrados 55,419
delitos ocurridos y registrados en averiguaciones previas[1] ante la Procuraduría General
de Justicia del Estado (PGJ), que es la instancia gubernamental encargada de la
prosecución de los delitos.
Para
el año 2009, la cifra de incidencia
delictiva presentó una reducción de
2,634 delitos, es decir, de un 5 %
menos delitos que el año anterior para quedar en 52,785 infracciones registradas por la autoridad.[2]
En
lo que respecta a 2010, podemos
conocer las cifras correspondientes al primer semestre del año, en el que
fueron registrados 26,988 delitos.[3] Si
tomamos en cuenta en comparación con el año que le antecedió, esta cifra
oscilaba en 26,004 delitos, por lo
que en el presente solo registró un aumento en 984 infracciones.
Repasando
mes a mes lo sucedido en el presente año, las cifras reportadas por la PGJ arrojan los siguientes
datos en cuanto a la cantidad de delitos denunciados, querellados o perseguidos
de oficio por la autoridad: enero 4,267; febrero 4,154; marzo 4,610; abril
4,437; mayo 4,836; junio 4,684; siendo el promedio
mensual de infracciones cometidas de 4,498
delitos.
(Dato
ocioso: alrededor de sólo 150 delitos
registrados por día)
Si
tomamos en cuenta el promedio mensual de infracciones y lo enfrentamos con el
índice poblacional, que para 2005 en Yucatán registraba cerca de 1,819,000 habitantes[4],
veremos que la incidencia delictiva representa en nuestro estado apenas el 0.24% de la población total,
dato extremadamente alentador para todos aquéllos que piensan en Yucatán como
el lugar ideal para establecerse.
En
el comparativo correspondiente al primer semestre de este año, se presenta que
el delito con mayor número de denuncias es
el de robo con 6,533 registros,
seguido de lesiones (5,283); daño en propiedad ajena (2,880); amenazas (1,492) e incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar (1,118).[5]
Las
infracciones que no rebasan en este primer semestre de 2010 el millar de
registros, es decir, cuya incidencia resulta en la media se encuentran los de: abuso de confianza (328 registros), abusos deshonestos (165), allanamiento de morada (125), armas prohibidas -portar, fabricar,
importar, etc.- (132), despojo de cosas
inmuebles o de aguas (102), fraude
(607), golpes y otras violaciones
físicas (297), injurias (982), injurias y difamación (159) y violación (180).[6]
En
el caso de los delitos que no alcanzaron durante el mismo periodo de tiempo el
centenar de registros, tenemos los de falsedad
de declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad (6
registros), falsificación de documentos
en general (7), homicidios (87),
hostigamiento sexual (1), incesto (3), matrimonios ilegales (2), responsabilidad
médica (1), robo de aves (7), sustracción de menores (22), ultrajes a la moral pública (22), abandono de personas (5), abigeato (14), abuso de autoridad (13), asociación
delictuosa (3), ataques a las vías
de circulación (11), ataques
peligrosos (9), calumnias (3), corrupción de menores e incapaces (5), de la embriaguez (16), delitos cometidos contra funcionarios
públicos (1), difamación (6), estupro (6) y violencia intrafamiliar (93).[7]
Para
finalizar el desglose, las conductas delictivas que no produjeron algún registro en lo que va del año son las de
abandono de funciones públicas, aborto, alteraciones nocivas, asaltos, ataques
a las vías de comunicación, ataques a los medios de transporte, atentado al
pudor, chantaje, coalición de servidores públicos, concusión, conspiraciones,
desobediencia y resistencia, disparo de armas de fuego, ejercicio indebido de
servicio público, encubrimiento, evasión de presos, falsificación de
documentos, falsificación de llaves, falsificación de marcas, falsificación de
sellos oficiales, infanticidio, juegos ilícitos, motín, oposición a que se
ejecute alguna obra o trabajo, parricidio, peculado, pornografía infantil,
privación de la libertad, rapto, rebelión, responsabilidad técnica, robo de
uso, sedición, tráfico de influencias, traición a la patria, uso indebido de
insignias y uniformes, usura, usurpación de profesión o funciones, vagancia y
malvivencia, variación de domicilio, variación de nombre, violación de
correspondencia y violación de secretos.[8]
En
lo que respecta a los delitos contra la
salud, estupefacientes y psicotrópicos, tráfico y comercio de los mismos,
en su modalidad de narcomenudeo, en
el presente análisis no se registran -de enero a junio de 2010- comisiones de
los mismos al no competer al fuero común, sin embargo, será interesante conocer
lo registrado en este renglón a partir del segundo semestre del año, cuando por
disposición legal, ya son competencia de los órganos de procuración de justicia
estatales.
Por
otro lado, por diversas circunstancias, no todas las averiguaciones previas
concluyen en un procedimiento jurisdiccional en los tribunales, por lo cual,
este análisis incluye también el dato sobre el número de denuncias derivadas en
un procedimiento penal, que en el primer semestre del año 2010 fue de 2,538 consignaciones, 2.4 % menor a las del primer semestre
del año que le antecedió, que fue de 2,600.
Por
todo lo anterior, y tomando en consideración el grueso demográfico de nuestra
entidad, considero que la incidencia
delictiva en nuestra comunidad representa una cifra considerablemente baja,
que se traduce en una comunidad mucho más tranquila y segura que el promedio
nacional, con calles libres al tránsito y a la convivencia humana. La
tranquilidad yucateca es el patrimonio de toda su comunidad, el éxito de todos
los que aquí vivimos, y más que una posición en un listado o en una
competencia, es una realidad que nos resulta indispensable de mantener.
Mauricio
Molina Rosado
Licenciado
en Relaciones Públicas, maestría en Administración Pública.
www.mauriciomolina.mx
[2] Cifras reportadas por la Procuraduría General
de Justicia del Estado de Yucatán como respuesta a solicitud de información
pública, noviembre de 2010
[4] Cifras del INEGI, Op. Cit
[5] Información de la Procuraduría General
de Justicia, Op. Cit
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