Si en México fuera real la autonomía entre los poderes de la Unión, y las
interrelaciones institucionales no dependieran de los chantajes mutuos y
sostenidos entre los actores políticos de distintas filiaciones partidistas,
hace tiempo que el mandatario Felipe Calderón habría sido citado por el Congreso
con el propósito de que informase sobre algunas decisiones y acuerdos tomados
por éste sin conocimiento de los legisladores en asuntos de la competencia de
éstos, como los referidos a la política exterior del país cuya regulación
depende del Senado.
En el reciente escándalo proveniente de Francia para
exigir la liberación de una mujer que en México ha sido sentenciada como
secuestradora -un delito que inflama la sensibilidad general por tanto dolor
inferido a las víctimas y a quienes velan por ellas-, trascendió un punto que,
desde luego, ha sido grotescamente minimizado: el presidente francés, Nicolas
Sarkozy, recibió la promesa de Calderón de que la señora en cuestión, Florence
Cassez, sería liberada. Y, por tanto, como muestra de buena voluntad, Sarkozy
tuvo la ocurrencia de dedicar el presente año, en su país, a la exaltación
cultural y artística de México acaso para compensar con ello a su par por los
efectos jurídicos internos de la excarcelación.
De haber sido así, como
explican los funcionarios franceses, Felipe Calderón sería responsable de varias
conductas política y jurídicamente incorrectas. Primero, en la perspectiva
diplomática, al engañar a un mandatario extranjero, además uno de los más
influyentes del mundo, brindándole una promesa a sabiendas de que no sería
cumplida y exhibiéndose, por tanto, como un elemento no confiable, sin palabra,
lo que en los foros institucionales descalifica y hunde.
Pero, además,
el desplante calderonista habría puesto en jaque a los otros poderes de la Unión
en condiciones de supeditación, de facto, al Ejecutivo. Con ello, los jueces
tendrían derecho a querellarse contra el atropello y los legisladores deberían
proceder a deslindarse de lo acordado por el mandatario mexicano, fincándole
responsabilidades por causas graves -es decir, el sometimiento a una soberanía
ajena contra la dignidad nacional-, lo que le colocaría incluso ante la
posibilidad de dimitir al cargo que ostenta. (Al presidente de la República sólo
puede reconvenírsele por causas graves o traición a la patria lo que otorga al
Legislativo condición de poder superior por cuanto representa y aglutina a la
soberanía popular).
Vamos a más. Si en México la diplomacia se ejerciera
dignamente, y no bajo el vasallaje de los fuertes, no sería tolerable, de modo
alguno, que las potencias condicionaran unilateralmente a los mexicanos sin
reacción similar por parte de nuestro sumiso gobierno. Dos episodios recientes,
ya bajo la férula de la derecha, nos plantean los daños infringidos y tolerados
al honor nacional: la imposición de cuotas más altas y de un fichaje electrónico
a los mexicanos que se introducen al territorio estadounidense y la decisión del
gobierno canadiense de exigir visas a los mexicanos desde 2009. En uno y otro
caso, nuestro gobierno bajó la cabeza lastimosamente.
En cuanto a la
nueva carga ofensiva por parte de las autoridades de Estados Unidos, con la
supuesta justificación de proteger sus fronteras luego de los atentados
terroristas de septiembre de 2001, trascendió, por letra del ex embajador
estadounidense en México, Jeffrey Dabidow -"El Oso y el Puerco Espín", Grijalbo,
2003-, que una de las reacciones de nuestro singular gobierno se dio por
iniciativa del entonces Canciller, Jorge Castañeda Gutman -quien ahora se
pretende irreprochable para medrar entre la socialité-, y consistía en arengar,
aprovechando la tradicional ceremonia del Grito en Palacio Nacional, en pro de
las víctimas de Nueva York como un rasgo de solidaridad. Y fue el embajador
Davidow quien oprtó por disuadir a los altos funcionarios mexicanos considerando
las tremendas cargas históricas que ello supondría. Cuando la lacayunería no
tiene límites no puede hablarse de soberanía.
Respecto a la prepotente
imposición canadiense, nuestro gobierno se limitó a protestar tímidamente
durante un periplo del mandatario Calderón por las tierras de las hojas de
maple. Fue hasta allí, sometiéndose de hecho a las nuevas reglas, arguyendo que
para los mexicanos era prioritario conservar la buena disposición de nuestros
"socios comerciales" y, además, las nutrientes del turismo. No lo dijo pero
estableció que estábamos en evidente desventaja porque no podíamos siquiera
resarcirnos de la ofensa.
Esto es: ni pizca de reciprocidad, con la
cabeza baja, perdimos la solvencia moral y política para exigir respeto a
nuestra soberanía. De todos los males infringidos a los mexicanos, éste, sin
duda alguna, es el de mayor costo por cuanto significa el sometimiento
irrestricto a la voluntad discrecional de los fuertes. ¿No se tipifica así la
traición a la patria?
Por eso ahora cualquiera, y por cualquier asunto,
le falta al respeto a México y cuanto representa.
Debate
Calderón presenta como rasgo de dignidad la réplica al gobierno francés,
argumentando que en México, como en Francia, "los jueces son independientes".
Sólo le faltó expresar al embajador mexicano en Francia, Carlos de Icaza, lanzar
vítores a la insurgencia judicial para situarla incluso muy por encima de la
condición de autónoma que, según parece, no es suficiente.
Hagamos una
breve crónica de dos sucesos que delinean la manera como los gobiernos de
derecha actúan en los planos internacionales. En primer lugar, la posición de
nuestro gobierno de no apoyar la invasión estadounidense a Irak en 2003, cuando
la delegación mexicana desempeñaba la presidencia del Concejo de Seguridad de
las Naciones unidas, elevó por un momento el nivel de la diplomacia subrayando
la validez y vigencia de la Doctrina Estrada en donde anida el principio medular
de autodeterminación de los pueblos.
Pese a ello, los costos fueron
tremendos. El belicoso George Bush junior, entonces en la Casa Blanca, no
perdonó el gesto y cerró las llaves de los auxilios financieros. Además, su
distanciamiento notorio respecto a su par mexicano, Vicente Fox, obligó a éste a
mantener una especie de cruzada para semblantear al norteamericano, forzarle a
una sonrisa y expresarle, tácitamente, una suerte de perdón para regresar al
punto de partida, es decir a una correlación casi incondicional... por parte de
nuestro gobierno, claro.
Al respecto no puede soslayarse la versión del
ex presidente Carlos Salinas en el sentido de que, contra lo percibido por la
sociedad, la administración foxista sí se inclinó, en principio, a favor de las
acciones de guerra en Medio Oriente y sólo después calculó que podría sacar
provecho si se mantenía al margen acompañando a otros gobiernos, el de Francia
sobre todo, que no accedieron a formar parte de los invasores. Los resultados,
finalmente, fueron humillantes.
El segundo hecho lo tenemos más presente
y es al que nos hemos venido refiriendo en los días recientes. Pareciera, sólo
eso, que Calderón, quien ya se disfrazó de Madero para recordar la histórica
"Marcha de la Lealtad" en 1913, ahora pretende rememorar histriónicamente al
general Ignacio Zaragoza en el nicho de la patria erigido sobre los cerros de
Loreto y Guadalupe: ¡duro contra los franchutes! Pero no es así porque, en
principio, se sometió a la presión del francés Sarkozy y después lo dejó con un
palmo de narices pretextando, solemnemente, su adhesión institucional al poder
Judicial, autónomo que no independiente.
Nada más alejado de la
realidad. La verdad pura y llana es que con este diferendo, ahora desbordado
hasta el nivel del G-20, el señor Calderón protege, y sólo eso, a su
incondicional secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, cuyos excesos
en el proceso contra la señora Cassez brindó a ésta elementos suficientes para
su defensa con soslayo de su presunta participación con la banda de
secuestradores encabezada por su novio, Israel Vallarta. Todo lo demás es
consecuencia.
El Reto
Si en México rigiera, en verdad, la
soberanía popular, Felipe Calderón sería llamado a cuentas, no sólo en torno a
las posibles secuelas de enfermedades crónicas -un tema que le enciende y le
lleva incluso, según la versión de algunos de los involucrados, a intercambiar
chantajes mutuos con relevantes actores políticos-, sino para demandarle
acciones concretas para limitar a los miembros del gabinete desbordados, como
Genaro García Luna ahora. No blindarlos, como hizo con Luis Téllez Kuenzler y
Juan Molinar Horcasitas, sino someterlos al imperio de la justicia. ¿Acaso no
tiene preeminencia la soberanía popular sobre la discrecionalidad presidencial?
Según trasciende, el mandatario de medio tiempo ha optado por manejar el
látigo, esto es acorralando a quienes lo cuestionan, para iniciar la limpia de
cara a la sucesión presidencial en 2012. En ausencia de liderazgos definidos
-pensar que Santiago Creel tiene esta condición es una inmensa necedad-, la
oficina de la Presidencia aprieta y estima que es indispensable recercar, una
vez más, la exaltación al presidencialismo autoritario. Otra vez, y no sé
cuántas han sido, retornamos al punto de partida.
La demagogia ramplona
ya no aguanta un desplante más.
La Anécdota
Corría 1986 cuando
el entonces presidente de la República, Miguel de la Madrid, llamó a dos de sus
secretarios de Estado, Manuel Bartlett, de Gobernación, y Carlos Salinas, de
Programación y Presupuesto, y les dijo:
--Uno de ustedes será el próximo
presidente. Por eso les conmino a mostrarse como amigos, sin ataques soterrados,
dejarse ver con sus esposas, para desactivar golpes bajos.
No obstante,
igualmente trascendió que Bartlett, a cambio de su derrota en la justa
presidencialista, hizo ver al mandatario y jefe suyo, De la Madrid, que contaba
con información confidencial bastante como para asegurarse porvenir e
impunidad... aunque no fuera señalado candidato. Y, por supuesto, se salió con
la suya gracias al tremendo chantaje que se cernía sobre las preferencias y
veleidades íntimas de quien ejercía el poder.
¿No es suficiente lo
anterior para imponer el interés público a la monserga de la vida privada
intocable?
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BLOG:
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E-Mail: rafloret@hotmail.com
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