Cero y van dos: En el marco de los procesos legales que encara Cecilia Flores las declaraciones -cantatas- de la ex funcionaria sugieren que la posibilidad de que alguna o varias personas, al amparo del poder político y económico la amenazó de muerte, amenaza explícita que, según explica, se extendió para perjudicarla con una campaña mediática.
--Conozco a esa persona y tengo grabaciones y mensajes de él --dijo--. Tiene poder económico y político. En su momento lo denunciaré. (Diario de Yucatán Octubre de 2009)
Articulistas de varios medios sugieren que exponer y denunciar por segunda vez a las personas que la amenazaron de muerte durante el proceso que se le sigue no sólo confirma la idea de que existió una confabulación interna en el Ayuntamiento de Mérida para obligarla a huir sino un fino mecanismo que le cortó de tajo la comunicación con el alcalde de Mérida y por ende las posibilidades de encarar su defensa sin tener que refugiarse en otros estados de la República.
Luis Suárez Ancona en un artículo publicado en el Diario y en Notisureste afirma desde un enfoque jurídico la sinrazón de un proceso que se debía encarar, desde el principio por la vía civil y no por la vía penal, en el marco de un embrollo político-jurídico-mediático que finalmente, desembocó en la estrepitosa salida del estado de la ex directora de Comunicación Social y Relaciones Públicas de la Comuna : "...Dado mi desconocimiento en materia jurídica, he platicado el asunto con algunos amigos abogados y ha sido la opinión generalizada que los cargos que le imputan a la licenciada Flores revisten carácter civil y no penal...",-señala Suárez Ancona, fortaleciendo la idea de que a la ex funcionaria se vio envuelta, de improviso, en una disyuntiva acelerada en gran parte por sus presuntos amenazadores.
El camino del organigrama oficial del Ayuntamiento recorrido por Cecilia Flores es muy claro: ante un próximo proceso judicial se sabe que la funcionaria se acercó, junto con su abogado Armín Villalobos a los funcionarios que mejor pudieron orientarle sobre su situación jurídica.
Pudo haber consultado a la Directora de Gobernación Abogada María Fritz Sierra de Estrada -cuyo hijo Lic. Miguel Valencia Fritz es coordinador de "Comunicación Alterna" en la Dirección que Cecilia tuvo a su cargo- quizá para tener una mejor idea de la conveniencia de llevar el caso por la vía civil, o al menos una mejor opinión sobre su caso antes de pensar en su precipitada salida.
Es en esas horas clave donde se rompe la cadena de hechos conocidos y que ligan la huida injustificada de la funcionaria con las amenazas que menciona y que por segunda ocasión declara a los medios de comunicación.
La concatenación de hechos sugiere que la intriga palaciega que orilló a la funcionaria a salir de Yucatán sin hablar ni poder ver al alcalde César Bojórquez Zapata no se fraguó únicamente en el edificio del Ayuntamiento: abogados y corillos judiciales sugieren que cualesquiera que hayan sido las motivaciones personales de Cecilia Flores para salir del estado, ésta no se hubiera dado si enterada de sus derechos hubiera decidido enfrentar los cargos con el apoyo y el consejo jurídico de sus superiores del Ayuntamiento de Mérida.
Hasta hoy no se sabe si renunció o no renunció -el documento nunca se mostró a los regidores- como tampoco se sabe si la misma autoridad municipal le hizo llegar a la ex funcionaria o a sus familiares lo que por ley le corresponde por concepto de finiquito.
En círculos extraoficiales se manejan toda clase de especulaciones sobre la persona que amenazó a Cecilia Flores: se sostiene la teoría de que la delgada línea que separaba lo administrativo de lo político fue rebasada por la presunta colaboración de funcionarios municipales con el equipo que dirigía Rafael Acosta Solís en la Procuraduría, todos ellos capitaneados por el Oficial Mayor, Rommel Uribe Capetillo quien desde las oficinas del Ayuntamiento cultivó una especial relación de trabajo con funcionarios del gobierno de Ivonne Ortega: Una de ellos, la ex directora del Instituto de la Vivienda del Estado de Yucatán, Angélica Araujo Lara quien bajo el nombre de "Casa Justa" rebautizó los tristemente célebres "Chiquilotes" vetados por la administración patricista.
En medio de estas relaciones "extraoficiales" del Ayuntamiento de Mérida con el gobierno estatal también se mencionan a dos funcionarios clave por sus atribuciones y enlaces con estas oficinas de gobierno: el director del Catastro, Heidé Zetina Rodríguez y Francisco Zetina Espinosa.
Y es que la designación posterior del Lic. Jorge Muñoz González al frente de la dirección que encabezaba Cecilia Flores Argaéz cierra el blindaje informativo que Uribe Capetillo hubiera querido darle al caso, pues una subordinada del Oficial Mayor, Marisol Puerto Acevedo, fue empleada en los despachos privados de Muñoz González y ostentó diversos cargos cuando este último fue director de comunicación social en la presidencia de Xavier Abreu Sierra.
El periódico A7 también enmarca este domingo la participación del Ayuntamiento de Mérida en este caso, pues afirma que "...Entonces las autoridades municipales panistas ¿no tuvieron ninguna responsabilidad en el Ceci-Gate? Por supuesto que sí. Los gallones del Ayuntamiento, señaladamente el alcalde César Bojórquez y su segundo de a bordo, Romel Uribe, son responsables de los directores, sus subordinados. A ese nivel, estás obligado a estar informado de la honorabilidad de tus colaboradores. Si no sabían Bojórquez y/o Uribe de los negocios particulares de una de sus principales colaboradoras, muy mal, por ingenuos, mientras ya la mitad de la ciudad había oído algo de ello. Y si sí lo sabían y la mantuvieron durante meses en el puesto aún sabiéndolo, pues muy mal o "muy peor", porque arriesgaban la operación y la imagen de una institución que estaban obligados a proteger, independientemente de que no hubiese dinero público implicado. El escándalo demostró que ya sea por ingenuidad o alcahuetería, la institución --el Ayuntamiento-- a ellos confiada, pagó un precio no menor..."
Como se están dando las cosas en el caso de Cecilia Flores todo parece indicar que a muchos funcionarios del Ayuntamiento de Mérida no les gustaría que la ex colaboradora cante todo lo que sabe: Y es que para muchos de ellos, en realidad todo parece indicar que se les adelantó el Concierto de la Pirámide. ¿O no?