Con cierta diligencia logró
brincar su primer reto luego de la Reunión Nacional de Procuradores. El partido
del gobierno, el PRI, acababa de arrasar en las elecciones
federales y el caso Cecilia Flores, un lío grandote pero jurídicamente débil, no
representó un obstáculo para su naciente labor como tercer procurador de la
administración ivonnista, por lo que la detención de la ex funcionaria del
Ayuntamiento de Mérida no representó una dificultad mayor para iniciar sus
labores.
Héctor Cabrera Rivero manifestó a los medios de comunicación su
compromiso de iniciar su nuevo encargo velando porque el Ministerio Público
mejorara su actuación a la hora de integrar expedientes justo en momentos en que
el ciudadano está siendo vulnerado por alguna situación injusta. Varias giras
"light" a las agencias dieron fe de esta postura que pretendía tapar el boquete
que Rafael Acosta Solís dejó en la Procuraduría de Justicia del
Estado.
Hoy
ya no todo es de color de rosa en un mundo de caramelo para Cabrera Rivero. A
unas horas de las elecciones estatales se difunde el caso de las acusaciones de
varios diputados federales panistas en torno a la detención ilegal y la tortura
cometida en los jóvenes Hugo y Michel Caballero Rodríguez, arraigados por la
Procuraduría de Justicia. Diario de Yucatán difundió en las
primeras horas de hoy un comunicado en el que la dependencia niega estas
afirmaciones.
Hoy el PRI salió en defensa de su gobierno cuando los senadores
Cleominio Zoreda Novelo y Jorge Carlos Ramírez Marín, acompañados
de otros diputados federales del PRI convocaron a la prensa en la puerta del
nuevo centro de arraigo para mostrar a la madre de los arraigados afirmando que
sus "hijos estaban bien".
Sin embargo, la tarde de hoy, Diario de Yucatán publica que luego
de tres días de gestiones, Martha Patricia Rodríguez Cuéllar, madre de dos de
los siete detenidos en Komchén, del presunto grupo de choque, pudo hablar hoy al
mediodía con sus hijos Hugo y Michel Caballero Rodríguez, arraigados por la
Procuraduría de Justicia.
Los detenidos estaban incomunicados y fueron torturados, según
consta en el acta firmada por la actuaria del Juzgado Segundo de Distrito,
Margarita Alcocer Díaz, quien afirma que vio las lesiones de los hermanos
Caballero.
En la diligencia que realizó la madrugada del viernes, en atención
al amparo que solicitaron los abogados de los detenidos, la actuaria asentó que
Hugo "presenta lesiones en el brazo izquierdo y en la espalda y moretones en
ambas piernas".
En el caso de Michel "presenta lesiones en ambas rodillas,
observándose que tiene dificultad para caminar". La actuaria asentó, según el
expediente 626/2010, que los detenidos le informaron que "han sido golpeados en
diversas ocasiones y amenazados de muerte".
Luego de hablar con sus hijos en el centro de arraigo de la
Procuraduría, Martha Rodríguez, oriunda del Distrito Federal, dijo que Hugo y
Michel le pidieron que diga que ambos están bien para no complicar su situación.
La madre de los detenidos indicó que sólo le permitieron, vigilada por
custodios, platicar con sus hijos, pero no pudo confirmar si tienen lesiones.
Martha Rodríguez señaló que no hará más declaraciones, debido a que teme por la
vida de sus hijos.
Por su parte, el senador panista Hugo Laviada Molina se quejó de
que hasta hace unos momentos la PGR aún no había enviado a médicos legistas para
dar fe de las lesiones, pues, insiste, los detenidos fueron
torturados.
Ya
existen varias voces que señalan la inconsistencia jurídica del expediente que
mantiene a los hermanos Caballero Rodríguez en un centro de arraigo "de alta
seguridad" y que según la información obtenida por Notisureste,
aunque fueron detenidos el día 8 a las 22 horas, a la fecha, sólo
pudo obtener contra siete inculpados una orden de arraigo, prueba fehaciente de
que la procuraduría que encabeza Cabrera Rivero fue incapaz de lograr convencer
jurídicamente a un juez de que ordene una orden de aprehensión y segura prisión.
A las 22 horas del viernes, los detenidos por "sospechosismo" en
Komchén siguen sin ser técnicamente juzgables y así lo comprobaron visitadores
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Y es
que días antes Cabrera Rivero, en una rueda de prensa en la que no admitió
preguntas, -Diario de Yucatán le llamó "atípica"- presentó a los medios una
similar a los que utiliza la PGR cuando detiene a delincuentes de
alta peligrosidad, con organigramas que involucran a dos diputadas federales
panistas Silvia Pérez Ceballos y Beatriz Collado Lara, quienes han desmentido
categóricamente las acusaciones de la Procuraduría a su cargo.
En
este enrarecido clima en el que se habla de tortura, represión y fabricación de
expedientes se vuelven a prender los primeros focos rojos de un semáforo que no
debería obstaculizar la eficiente procuración de justicia en Yucatán.
Hacemos votos porque así sea.
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